Legal

Argumentos LEGALES.

El acuerdo es ILEGÍTIMO. Contrario a muchas leyes nacionales. Además, es INCONSTITUCIONAL

Algunas razones:
Vulnera varios artículos de la Constitución Nacional.

Artículo 41.“ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.”

Támbien vulnera el Artículo 75 inc. 22 CN que ratifica y otorga rango constitucional a tratados y convenciones de Derechos Humanos. Esto significa que el contenido de esos pactos son ley para todos los argentinos, es decir, obligaciones que los funcionarios deben cumplir en pos de hacer efectivos nuestros derechos.

El Acuerdo atenta contra convenciones que Argentina firmó y se obligó en un contexto internacional. El principio universal “Pacta sunt servanda” (que significa “los pactos deben cumplirse”), es de aplicación general a todas las obligaciones que vinculen internacionalmente a un Estado.

En cuanto a leyes nacionales, este acuerdo violaría un gran abanico de normativas ambientales. La Ley General de Ambiente (ley 25.675) ha establecido, entre otras obligaciones y disposiciones, principios rectores, impostergables y obligatorios en materia ambiental. Entre ellos, dispone aplicar el Principio Precautorio que implica “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”